1. El celular, la mejor prueba: ¿cómo fue detenido el acusado del homicidio?
Un dato compuesto entre 15 y 17 números sirvió para dar con Roberto Luis Gómez, el principal sospechoso del crimen de Paulina Lebbos. Por error u omisión, el fiscal Carlos Albaca no analizó quién utilizó el teléfono celular de la joven el día que desapareció. En cambio, el fiscal Diego López Ávila sí tuvo en cuenta esa pista y por ello lo acusó de ser el autor de la desaparición y muerte de la estudiante. Y esta es la teoría que se ventilará en el juicio que comenzará el martes a las 8.30.
Paulina Lebbos: los hitos de un caso que conmovió al país
El IMEI es el código que tienen todos los celulares. Es irrepetible, como lo son los dominios de los vehículos. Obtenido ese número, el fiscal ordenó a un equipo de colaboradores (estuvo integrado por Constanza Vázquez, Guillermo Taylor y Mariana Stein) para que trataran de establecer si lo habían usado y quién.
El equipo estableció que el aparato había sido activado en distintos sectores del sur de la ciudad después de las 6 de la mañana, horario en el que Virginia Mercado descendió del remise que compartió con Paulina. Luego, de acuerdo al informe, lo ubicaron camino a Raco, donde encontraron el cuerpo.
Personal de la Fiscalía IV e investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria terminó de armar el rompecabezas cuando se descubrió que los chips de tres personas fueron introducidas en el teléfono. Los señalados fueron Antonio Maximiliano Gallardo, una mujer que dijo que la línea era utilizada por Gómez y una tercera persona que nunca pudo ser identificada.
Corrían los últimos días de noviembre y el juez Francisco Pisa ordenó la detención de los dos sospechosos. Gallardo, después de permanecer un buen tiempo detenido, logró demostrar que le habían fraguado la firma en un negocio cuando habilitaron la línea. Gómez, en cambio, permaneció encerrado hasta diciembre de 2016, cuando cumplió más de dos años con prisión preventiva sin ser enjuiciado.
En la hipótesis de López Ávila, el acusado no actuó solo, sino que estuvo acompañado por otras personas a las que no se pudo identificar a lo largo de la investigación. Cree que los sospechosos interceptaron a la joven después de haber dejado a Mercado, la llevaron por varios lugares del sur de la capital y, después de asesinarla, la arrojaron a la vera de la ruta 341.
A partir de ese momento, siempre de acuerdo a la versión oficial, se montó una red de encubrimiento para tratar de esconder el caso. Por ese motivo, serán enjuiciados Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez y Nicolás Barrera (ex jefe y subjefe de Policía, respectivamente), Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) y Hugo Rodríguez (policía retirado que estuvo vinculado a las irregularidades que se cometieron en el hallazgo del cuerpo).
Gómez, electricista que fue nombrado empleado de la comuna de San Andrés sin asignación de tareas un año después del crimen, siempre juró inocencia, al igual que sus familiares, que negaron tener algún tipo de vinculación con el ex gobernador José Alperovich.
2. La pista de "los hijos del poder": una teoría basada en dichos de terceros.
Desde que desapareció Paulina, la calle, esa cruel usina de rumores, comenzó hablar de la pista de los “hijos del poder”, que el fiscal Diego López Ávila descartó por falta de pruebas, por lo que no será tenida en cuenta en el debate.
Según esta teoría, Gabriel Alperovich, hijo del gobernador José Alperovich, y Sergio Kaleñuk, hijo del fallecido secretario privado del mandatario, Alberto Kaleñuk, fueron mencionados por testigos que aseguraron haber escuchado que Paulina falleció en una fiesta realizada en Raco o El Cadillal, al caer de una mesa o por abuso en el consumo de sustancias.
No obstante, el fiscal no habría encontrado ninguna prueba que diera sustento a estas versiones. Paulina murió por estrangulamiento manual y no accidentalmente, y no habría salido del ejido de la capital. Y si hubiera fallecido por la caída, no se debería haber investigado un crimen, sino una muerte accidental.
Además, la conducta que esos testigos “de oídas” le endilgaban a “los hijos del poder” era que habrían encargado a otra persona que se deshiciera del cuerpo para no comprometerlos y evitar el impacto social y político. Es decir, un encubrimiento de las circunstancias de la muerte, delito que en el caso de Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, de haberse cometido, se encontraría prescripto.
López Ávila, por pedido del querellante Alberto Lebbos, realizó varias medidas para tratar de confirmar esa hipótesis. Entre ellas se destacan entrecruzamiento telefónico y pericias genéticas realizadas con las pocas muestras que se logró preservar para que sean analizadas.
Alperovich y Kaleñuk fueron sobreseidos del delito de encubrimiento cuando la causa fue elevada a juicio. No podrán ser imputados de este delito nuevamente.
3. La línea sentimental: las versiones que complicaron a césar soto.
Por pedido de la querella, la Justicia investigó a César Soto, la pareja de Paulina Lebbos y padre de su hija. La familia de la joven basó sus sospechas en dos hechos: la falta de interés que tuvo el joven a la hora de denunciar su desaparición y por una situación de violencia que hubo entre la pareja (en una discusión él la tomó por el cuello). Rosa Racedo, la desaparecida madre de la joven, fue categórica a la hora de declarar: “él la mató”. El joven siempre dijo que pretendieron ensuciarlo porque no tenía una buena relación con la familia de su pareja y porque ellos querían quedarse con la tenencia de la pequeña.
Virginia Mercado, la última persona que vio con vida a Paulina, dijo que ella se dirigía a la casa de su por ese entonces pareja. Los investigadores fueron hasta allí y secuestraron un toallón con sangre para que fuera analizado.
Siete años después del hallazgo, se descubrió que el fiscal Carlos Albaca nunca había ordenado un estudio genético de esa prueba. Tampoco había tomado declaración en sede judicial a los vecinos del joven Juan Pedro Jiménez y a sus hijos Jorge Hernán y Juan Marcelo, sus vecinos.
Tampoco realizó comparaciones genéticas a las muestras que se le extrajeron a Soto y a todo su entorno. El investigador se defendió asegurando que no había indicios para sospechar de ellos. El fiscal López Ávila no pudo encontrar elementos suficientes para imputarle el delito. Sin embargo, dudó de su conducta. “Es interesante también que, semanas antes a la desaparición de la víctima, Soto se haya comunicado innumerables veces con ella y justo ese día sólo la haya llamado tres veces, más aún cuando habían quedado en que se verían”, destacó el fiscal.
4. El fútbol metió la cola: la sospecha contra el clan acevedo.
A esta causa no le faltó nada. Ni siquiera la posible participación de los integrantes del Clan Acevedo en el crimen. La Policía involucró a los miembros de la barra brava de Atlético, pero nunca se logró probar su participación. Esta teoría no prosperó y tampoco tendrá lugar en el juicio que está a punto de comenzar.
Vecinos de “El Sifón”comentaban que los Acevedo podrían tener que ver con lo que le pasó a la joven. Aunque la mayoría de los vecinos de ese barrio tenían miedo de dar su nombre, esparcieron las sospechas que durante días rondaron por el barrio, la que derivó en la investigación de Walter “Chichilo” Acevedo, Sebastián “Pelao” -se suicidó en su celda de Villa Urquiza en noviembre pasado-, Jorge “Jazo” Acevedo, Gustavo “El Gordo” González y Héctor “Kim” Ramos (hijo de Sergio “Chupete” Acevedo) que fue asesinado en Termas de Río Hondo en agosto.
Esta hipótesis surgió por supuestos llamados anónimos recibidos en la Dirección General de Investigaciones a mediados de 2006. El informante anónimo mencionaba que un integrante de la familia Acevedo-González, que poseía un Fiat Duna bordó, “no sería ajeno al fallecimiento” de Paulina, quien había desaparecido el 26 de febrero de 2006 y cuyo cuerpo fue encontrado el 11 de marzo de ese año en Tapia.
El fiscal Diego López Ávila describió, en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Lebbos, como se investigó esta pista, que develó los contactos entre barrabravas y políticos. De hecho, cuando declaró en la fiscalía, “El Gordo”, referente de “La Inimitable”, la facción más poderosa de la barra de Atlético, aseguró que hasta un año antes del crimen de Paulina cobraba un sueldo de Casa de Gobierno, porque trabajaba para el ex gobernador Julio Miranda.
Los entrecruzamientos telefónicos, las pericias de ADN y otras medidas en principio despejarían las sospechas sobre la familia Acevedo-González. “La investigación no pudo comprobar elemento que sustente la hipótesis policial”, afirmó el fiscal.
Sin embargo, López Ávila aclaró que no pasaron inadvertidas las múltiples llamadas entre González y Casa de Gobierno, y en especial con Sergio Kaleñuk, en marzo y abril de 2006.
5. El testigo sospechado: un remisero que terminó complicadopor sus contactos con la policía
El remisero Juan Pedro Cruzado se presentó en la Policía asegurando que ella había trasladado el 26 de febrero a Paulina Lebbos y a su amiga Virginia Mercado. Sin embargo, con el correr de los días fueron surgiendo indicios que podría haber inventado todo y hasta que pudo haber tenido alguna participación en el hecho. Esta conexión, que prácticamente quedó en el olvido de los tucumanos, tampoco será debatida en el juicio.
Cruzado, en tribunales, señaló que si bien no reconocía a Paulina como una de las pasajeras, afirmaba que la había llevado por Estados Unidos al 1.200, que es la cuadra en la que vivía César Soto y a donde supuestamente se dirigía la víctima. La pista que introdujo el remisero no prosperó, ya que Mercado dijo que el auto de Cruzado no era el que habían tomado.
Pero el fiscal Diego López Ávila investigó las conexiones del remisero cuando se hizo cargo de la causa, en junio de 2013. Así, le llamó la atención que en la línea telefónica de la casa de Cruzado hubo llamadas con distintos poderes del Estado. Como dato, destacó la recibida el 6 de marzo de 2006 de la Patrulla Urbana. Ese día se presentó “espontáneamente” a declarar.
“¿Se trata de un simple ciudadano que quiso colaborar con la investigación?, ¿habrá existido algún interés particular -desconocido por cierto- en Cruzado que lo llevara a ‘direccionar’ la investigación hacia la calle Estados Unidos 1.250, o ‘desviar’ la pesquisa hacia ese punto? ... no debemos desechar la posibilidad de cierta injerencia policial al respecto, en la búsqueda quizás de encontrar un culpable, ‘a como dé lugar’, práctica policial mundialmente conocida para evitar la presión social, descomprimir la situación y cerrar un caso”, analizó el fiscal.
Por otra parte, Marcial Escobar, uno de los ex policías que fueron llamados a participar en la investigación del caso, señaló que él podría haber sido el autor del hecho. Y le pareció llamativo que días después de haberse producido el crimen, cambió todas las alfombras del vehículo, al que también le hizo una profunda limpieza. El remisero declarará en el juicio.